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La Columna

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Por: Felipe Villafaña

La transparencia es lo que menos hay dentro de las estructuras del sector público y al contrario, la opacidad en el gasto y otra información que deben entregar los órganos de gobierno, descentralizados y partidos políticos es real.

En teoría, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, es el órgano descentralizado que debe obligar a que todos los entes que reciben dinero público deben transparentarlo a toda la sociedad, hasta a los sindicatos que reciben presupuestos del gobierno como es el magisterial.

La tarea encomendada al IMIPE está incompleta o, simplemente, no la hay porque sus integrantes responden más a los intereses de partido, que a una sociedad ávida de conocer en qué se invierten miles de millones de pesos.

Al momento, ninguno de los poderes del gobierno estatal tiene actualizadas sus páginas de consulta vía internet, la información es incompleta o bien no la hay como debe darse en el marco legal.

Un ejemplo, en el Poder Ejecutivo estatal no están descifrados los gastos, las currículas u hojas de vida de los servidores públicos no aclaran el lugar de nacimiento, hacen falta más datos personales que deben ser públicos, no está la declaración tres de tres y muchos más.

La del Poder Legislativo dejó de funcionar desde el mes de agosto pasado y también estaba incompleta y con diversos errores hasta ortográficos en la escasa y casi nula información que proporcionaban.

En el Poder Judicial, la situación no cambia, todavía es una gran duda saber en qué utilizan el fondo auxiliar, que cada año supera los mil 500 millones de pesos por diversas sanciones impuestas.

Pero tampoco se sabe mucho de los municipios, hay algunos que todavía están las páginas de internet en construcción y a pesar de que algunos alcaldes se reeleigieron, simplemente dejaron de “informar” porque también ya no viven en sus municipios como son los casos de Xochitepec, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, Temixco, Cuautla y otros más.

En estos casos la sociedad desea saber si tienen algún domicilio personal o es el pueblo quien paga la renta de las costosas residencias en las que habitan, por cierto de forma incógnita porque aluden que fueron amenazados por la delincuencia organizada.

Solamente son pocos los municipios que cumplen con la información solicitada en sus unidades, bajo los lineamientos que marca la Ley Estatal de Información Pública y Estadística.

La opacidad es el pan nuestro de cada día en el sector público estatal, que también pega en los órganos descentralizados como es el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, la Comisión Estatal del Agua, el IEBEM y hasta el propio IMIPE.

No se diga en los partidos políticos, solamente Acción Nacional cuenta con una página de internet pero con información insuficiente en el gasto de las millonarias prerrogativas que recibe.

Dentro del Partido Revolucionario Institucional, no saben qué es eso, porque ni dirigencia hay y también reciben millones de pesos que seguramente son para las parrandas de quien dice ser su presidente en Morelos.

En el de la Revolución Democrática, tampoco sirve su portal, en el Verde Ecologista no se sabe ni su dirección, al igual que el Humanista y Encuentro Social.

Lo mismo pasa con el Movimiento de Regeneración Nacional y el Movimiento Ciudadano, que carecen de proporcionar información como si los millones de pesos que reciben fueran de ellos.

En la opacidad también está la sección 19 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, en la que su gris pero eso si bravucona dirigente Gabriela Bañón Estrada, ni a sus agremiados proporciona información de qué hace con las cuotas que les descuentan cada quincena, que son cerca de 30 mil afiliados.

En si, como dicen, la información es poder y la sociedad quiere conocer a fondo qué se hace con los impuestos cobrados a través del Impuesto al Valor Agregado, Sobre la Renta  y el Especial Sobre la Producción.

También hacia dónde van los recursos captados por multas diversas, en qué son utilizados como el impuesto sobre derechos, predial y no se digan otros más que al parecer solamente sirven para hacer millonarios a algunos, en un pueblo ya casi en extrema pobreza.

Y si el IMIPE no obliga ni sanciona a nadie por violentar el marco del derecho en materia de transparencia, ¿para qué gastar entonces en una institución que no sirve y es espacio para militantes de los partidos políticos?.

Lo mejor sería desaparecer el IMIPE y no pasa nada, porque la realidad supera la ficción en que viven quienes integran el órgano descentralizado en momentos que el pueblo de Morelos exige resultados a sus autoridades, sobre todo que se manejen dentro del marco del derecho. ¡He dicho!.Por hoy es todo, nos leemos el lunes. Y no olviden navegar por nuestra página www.vidapolitica.com.mx, por nuestras redes sociales @vida_politica y a través de su cuenta del Facebook con sólo escribir en su buscador REVISTA VIDA POLITICA

Por: Felipe Villafaña

La saturación en la atención hacia quienes requieren de los Servicios de Salud es evidente, por dos situaciones: la primera es la falta del personal operativo, de medicamentos y otros más, la segunda es por burocratismo.

El Sector Salud del gobierno estatal maneja un presupuesto demasiado bajo, el menor en todo el país y tanto así que los médicos prefieren emigrar hacia otras entidades en donde tienen mejores oportunidades y salarios que en Morelos.

Los hospitales, clínicas y unidades familiares que maneja la Secretaría de Salud están a punto de colapsarse no tanto porque haya muchos morelenses que requieran del servicio, sino porque también llegan habitantes de otros estados como son  Guerrero, Estado de México y Puebla.

Saben que a pesar de todo hay calidez y calidad por parte del personal médico, de enfermeras, trabajadores sociales y demás que hacen lo posible por dar lo mejor de sí mismo.

Sin embargo, también hay empleados que con la protección de su dirigente sindical, Gil Magadán Salazar, suelen ofender al público que requiere de sus servicios y sobre todo maltratan al paciente.

La realidad es que dentro del Sector Salud es necesaria la participación de todos: gobierno, trabajadores, sindicato, sociedad porque de lo contrario puede colapsarse y no es conveniente para nadie.

Es cierto que hoy dicha área no está en sus mejores momentos, con subsidios demasiado bajos y casi olvidado, en momentos que requiere de mucho apoyo para salir adelante y sea uno de los mejores al nivel país como lo fue durante los años noventas del siglo anterior.

Todavía durante 12 años más hubo todo el apoyo del Ejecutivo estatal y el Congreso local para tener un mejor presupuesto, ser uno de los sectores con mejores resultados al nivel nacional.

¿Y luego qué pasó?                  

Es una de las grandes incógnitas que hay del por qué fueron abandonados los médicos, enfermeras, paramédicos, trabajadores sociales y personal administrativo de los hospitales, clínicas y unidades familiares del gobierno estatal.

De hecho, en mucho de lo anterior es culpable el dirigente sindical Gil Magadán Salazar, porque recibió beneficios personales y a cambio sacrificó a sus representados.

Y no solo ello, está convertido en un verdadero cacique dentro de la organización sindical solo para tener una jubilación dorada y gozar de los recursos económicos que quita a sus “representados”.

En el sector Salud, los sindicatos son el principal obstáculo para avanzar, pero no sus agremiados, al contrario hay muchos que todavía reclaman el pago total de sus prestaciones sociales, pero los hay quienes son los llamados “consentidos” convertidos en verdaderos burócratas.

Por eso es que para revertir la falta de presupuestos, medicamentos, médicos, enfermeras y de apoyo es necesaria la colaboración de todos, incluyéndose la sociedad.

Por ser un ente público, la Secretaría de Salud requiere del apoyo del pueblo, de la representación popular y generar la certidumbre a quienes acuden al apoyo médico.

Ahora que viene el programa sexenal denominado Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, se requiere de mucho apoyo a quienes atienden al público en general, que hoy es insuficiente y está en riesgo de fracasar.

Es ahí donde las autoridades del sector deben ponerse las pilas, dejar atrás la soberbia, dejar esconderse detrás de las faldas de quien los parió y salir al diálogo con el personal.

El capacitar al personal para saber cuál es el significado del INSABI no tiene un costo, es una inversión para evitar muchas enfermedades y salvar vidas, es la óptica que deben observar las autoridades de la Secretaría de Salud y los Servicios Médicos.

Hacer campañas de prevención, realizar foros, publicaciones y diversas actividades en las que la población participe, que conozcan el objetivo del programa federal que hoy sustituye al Seguro Popular, con sus alcances y limitaciones.

Por eso es necesario que salgan de sus oficinas los titulares del área, que trabajen y hagan trabajar a su oficina de Comunicación Social. El personal operativo y administrativo de la Secretaría de Salud de base pide diálogo y al parecer hay oídos sordos de sus ascendientes, pero que sea sin la presencia de su dirigencia que hoy es obsoleta y ni les sirve ni les funciona. Por hoy es todo, nos leemos el viernes. Y no olviden navegar por nuestra página www.vidapolitica.com.mx, por nuestras redes sociales @vida_politica y a través de su cuenta del Facebook con sólo escribir en su buscador REVISTA VIDA POLITICA

Por: Felipe Villafaña

Con los 180 millones de pesos que dispondrá el gobierno del estado para solucionar los problemas por los laudos laborales heredados, ya es necesario que los presidentes municipales inmiscuidos en estos conflictos dejen de estirar la mano y se pongan a trabajar.

En otras palabras, los presidentes municipales de Puente de Ixtla, Amacuzac, Cuautla, y algunos más ya deben de aprender administrar, ya entraron en su segundo y penúltimo año, entonces no hay pretexto para sacar adelante sus comunidades.

En los municipios hay demasiados problemas, cierto algunos son heredados y otros han sido provocados por sus actuales autoridades porque al momento solamente piensan en alargar la mano y dejar de lado el gobernar.

Es cierto que 180 millones de pesos no resuelven el total de los conflictos laborales, pero también las direcciones jurídicas de los ayuntamientos deben trabajar por evitar sumas millonarias en el finiquito a los ex trabajadores.

En el tema también deben entrar las barras, asociaciones y organizaciones de abogados, para evitar que también las mafias en que se han comportado algunos de los despachos dedicados a la “defensa” del trabajador despedido injustamente no sea para beneficiarse en uno o dos casos con recursos públicos.

El gobierno del estado dio el primer paso para buscar avanzar en solucionar el problema de los laudos laborales, ahora toca a los munícipes avanzar en el tema y reorganizar sus administraciones en las que también se aprieten el cinturón con sus gastos extraordinarios, así como los que tienen todos los integrantes de sus Cabildos.

Quienes deben ser ejemplo son los que emanaron de la Cuarta Transformación, basados en auténticas políticas de austeridad financiera, de disminuir muchos de los privilegios económicos y materiales que tienen.

Platicar con los sindicatos de burócratas que también hay algunos convertidos en verdaderas mafias, que solo sirven a los intereses de sus dirigencias porque de todo quieren sacar dinero.

Eficientar los gobiernos municipales, hoy, es un reto y es una de las acciones urgentes que deben realizar los ediles, con la contratación de personal en las secretarías, direcciones, coordinaciones o jefaturas de departamentos del personal adecuado.

Ya no es el tiempo de que las plazas sean para familiares, el amigo o el compadre para que recomponga su situación financiera, porque el ejercicio público es una obligación mayor.

Para que venga el buen desempeño de los ayuntamientos, también dentro del gobierno estatal deben cerrarle las llaves de los recursos financieros y obligarlos a que tomen medidas administrativas en beneficio de las comunidades.

Eso lo deben saber también los concejales de los recién creados municipios indígenas de Coatetelco, Hueyapan y Xoxocotla, quienes deben crear su propia hacienda local y desde ahí ser autosuficientes.

Sobre todo los que deben aprender a bien gobernar son los habitantes de Xoxocotla, que desde hace décadas están acostumbrados a que todo les resuelve papá gobierno, a que por sus usos y costumbres no pagan impuestos y también por esos “métodos” de siglos viven en la impunidad y el desorden.

Los alcaldes de Puente de Ixtla, Amacuzac, Cuautla y Huitizlac ya deben dejar de pensar solo en cómo recibir dinero, es necesario que piensen nuevas formas de generar una economía sana.

El alcalde ixtleco Mario Ocampo Ocampo ya debe dejar su peregrinar por la Secretaría de Hacienda para solo estirar la mano, cuando en la comunidad hay una riqueza extensa de la que puede sacar los recursos requeridos.

En Amacuzac lo mismo pasa con Ramiro Parra Iturbe, quien hasta el momento pareciera estar solo en Cuernavaca cuando dentro de su comunidad puede hacer muchas acciones para sanear las finanzas y terminar los endeudamientos de sus últimos dos antecesores.

A Cuautla sus últimos presidentes municipales la han dejado morir, es un basurero y un desorden, en una localidad con bastante historia y que pareciera haber vacío de poder con la ininterrumpida pugna entre los integrantes del Cabildo.

De la tres veces heroica está ausente el edil Jesús Corona Damián, es notorio por el desastre que muestra la ciudad, su abandono es tanto que todos dentro del ayuntamiento, incluyéndose a los integrantes del Cabildo, hacen negocio con los espacios públicos y con la sociedad.

Lamentablemente Cuautla es un ejemplo de corrupción al nivel estatal, porque al parecer llegaron a integrar la Comuna un grupo de piratas quienes tratan de saquear todos los recursos públicos.

Son tiempos de administrar, de generar repuestas hacia las demandas de la sociedad y demostrar que realmente hay una cuarta transformación en los municipios del estado, porque acuérdense señores alcaldes que este año es preelectoral y el siguiente quizá ya piensen en la reelección o bien en una diputación local.

Recuerden que ya el voto no se gana con una despensa, con dinero o discursos bonitos, sino con trabajo real porque la sociedad está cansada de alcaldes millonarios y ayuntamientos en extrema pobreza. ¡Guevones!. Por hoy es todo, nos leemos el miércoles. Y no olviden navegar por nuestra página www.vidapolitica.com.mx, por nuestras redes sociales @vida_politica y a través de su cuenta del Facebook con sólo escribir en su buscador REVISTA VIDA POLITICA

Por: Felipe Villafaña

El presupuesto para las fiscalías General del Estado, Antisecuestro y Anticorrupción en global es de 761 millones 806 mil pesos para el presente año, pero un 70 por ciento de los recursos económico van dirigidos al pago de nómina y gastos personales de sus titulares.

De hecho, al fiscal General, Uriel Carmona Gándara, y el de Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, más que recibir su presupuesto deberían estar sujetos a una evaluación sobre su desempeño en el cargo público.

La misma propuesta incluye a la fiscal Antisecuestro, Adriana Pineda, quien recientemente fue señalada y acusada de inventar falsos testigos para poder enjuiciar a presuntos plagiarios en los respectivos juicios orales.

No es la primera ocasión que los tres fiscales en Morelos están inmiscuidos en una serie de acciones ilícitas, o bien que son un argumento para que renuncien como sucedió recientemente con el fiscal General, Uriel Carmona Gándara, acusado de presuntamente vender plazas de la Policía de Investigación Criminal, de ministerios públicos, peritos y otras más.

Los elementos de las acusaciones fueron presentados por parte de quienes se sintieron agredidos, sin la esperanza de iniciar una denuncia penal contra el servidor público porque saben que habría represalias.

Con todo lo que pasa al interior de la FGE es para que su titular esté en la cárcel, pero al parecer tiene el apoyo de uno de los inquilinos del Palacio de Gobierno para seguir en el cargo, así como de algunos diputados como es el caso del hablantín coordinador de la bancada legislativa del Partido Encuentro Social, Marcos Zapotitla Becerro.

Los delitos cometidos en perjuicio de la sociedad morelense por parte del notario con licencia son amplios y junto con el fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, son los principales obstáculos para que jueces no puedan someter a diversos juicios al ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, así como a sus colaboradores y ex diputados locales que colaboraron en el saqueo del estado.

Dentro del Poder Judicial hay quejas múltiples por parte de los jueces de primera y segunda instancia (magistrados) contra el actuar de los fiscales, porque suelen entregar expedientes incompletos o la judicialización de carpetas de investigación mal hechas.

Es tanta la incapacidad de Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, que recientemente en un encuentro casual entre algunas diputadas y magistrados, los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, solicitaron el cambio de ambos e incluso de la fiscal contra el secuestro y la extorsión, Adriana Pineda.

Los jueces de primera instancia han manifestado al Pleno Judicial del estado su malestar porque tienen que dejar libres a presuntos delincuentes, aunque los hayan aprehendido en flagrancia del delito, debido a que ninguna de las fiscalías aporta los elementos legales suficientes para poder sancionarlos con la cárcel.

Un dato más que otorgaron a las diputadas locales los magistrados es que no pueden avanzar en los juicios contra el ex gobernador Graco Ramírez, debido a que las pruebas aportadas por la Fiscalía General y Anticorrupción son otorgadas a cuenta gotas o bien no son las que aportaron los demandantes.

De igual manera pasa en los juicios que hay en contra de las ex diputadas Beatriz Vicera Alatriste y Hortencia Figueroa Peralta, a quienes el fiscal Anticorrupción les debe el favor de haberlo designado en el cargo.

La protección que hay en las fiscalías para proteger también a otros ex servidores públicos del gobierno perredistas, también incluyen al desvío de recursos dentro del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de las Familias, Elena Cepeda de León, así como la secretaria de Obras, Patricia Izquierdo Medina y algunos más.

De hecho, los magistrados advirtieron a las diputadas locales que si quieren haya la adecuada administración de la justicia debe darse de inmediato el cambio de los tres fiscales, porque todos están involucrados con el gobierno anterior.

La respuesta de las diputadas fue contundente: no puede hacerse el cambio porque hay diputados y secretarios del gobierno actual quienes protegen a los fiscales, así como la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional  y el Partido Encuentro Social en la entidad.

La protección hacia Juan Salazar Núñez, Uriel Carmona Gándara y Adriana Pineda también la tiene desde las dirigencias del Partido Acción Nacional, con su dirigente Juan Carlos Martínez Terrazas.

De igual manera, también el dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Alberto Martínez González, está inmiscuido en dar protección hacia los fiscales, porque les debe varios favores por incurrir en diversos delitos. ¡Guácala!. Por hoy es todo, nos leemos el lunes. Y no olviden navegar por nuestra página www.vidapolitica.com.mx, por nuestras redes sociales @vida_politica y a través de su cuenta del Facebook con sólo escribir en su buscador REVISTA VIDA POLITICA

Por: Felipe Villafaña

Los integrantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado, deben reconsiderar su postura de emplazar a huelga a la máxima casa de estudios, para entrar en una nueva vertiente laboral que permita recuperar y ampliar la educación superior pública.

No son los mejores momentos que vive el alma mater morelense como para exigir un incremento salarial y más prestaciones sociales, es el tiempo de amarrarse el cinturón por parte de toda la base laboral universitaria y sacar adelante su fuente de empleo.

Es cierto por décadas la Universidad Autónoma del Estado, ha sido saqueada por ex rectores y quienes han colaborado con ellos, que la vieron como un botín personal e hicieron de sus recursos como si fueran propios.

Hoy la principal escuela pública superior de la entidad está en franca crisis económica, requiere de varios ajustes y hasta la disminución de plazas laborales de confianza y una reingeniería financiera.

Sin duda alguna, el rector Gustavo Urquiza Beltrán trabaja en ello, pero requiere del acompañamiento de toda la comunidad universitaria, incluso de la sociedad morelense porque no será fácil salir del bache económico.

Es ahí donde los sindicaros universitarios deben de entrar con propuestas a favor de sus trabajadores, como es que conserven su fuente de empleo en momentos que la inversión pública y privada está sin avanzar.

Deben dejar de lado en plantear nuevos beneficios materiales hasta observar la estabilización económica de la institución, dejar de amenazar con el paro total de labores o huelga porque eso genera incertidumbre.

Incluso, con las políticas que trae el gobierno de la Cuarta Transformación de disminuir los presupuestos de la educación pública superior siembra un mal precedente, porque dejarían de lado el rescate financiero universitario en el que actualmente trabaja la rectoría.

No son los momentos de presionar en lo económico a la universidad, lo mismo debe ser analizado por los trabajadores académicos, en los altos mandos también bajarse un poco el salario y entrar en una política de austeridad ejemplar.

Las universidades públicas son el desarrollo de las comunidades, sus estudiantes forman parte de muchas acciones sociales en los pueblos alejados y en las zonas marginadas al atender una sociedad frágil.

Ahí está el detalle del porque no debe haber una huelga, del porque debe trabajarse por la máxima casa de estudios hasta lograr su recuperación y caminar con ella como sociedad.

Y si hay sectores o grupos con intereses personales y partidistas que no le quieran entrar allá ellos, pero los primeros que deben dar el ejemplo sobre sacar adelante la UAEM es su propia comunidad.

La máxima casa de estudios morelense dejó de ser el botín financiero, político y hasta de grupos que la utilizaron como trampolín para intereses personales, hoy es de la sociedad y como tal debe arroparse.

Es tiempo de que el gobierno federal vea como un pueblo protege y trabaja por la educación pública superior, que sea de calidad y responda a los intereses populares.

Pero que también la Federación corresponda en los presupuestos asignados para que más jóvenes morelenses puedan acceder a sus aulas, para ser parte de la sinergia requerida en el desarrollo de sus pueblos.

Es indispensable recuperar esa Universidad del siglo pasado que atraía a los estudiantes de otras entidades y países, que abrió sus puertas al intercambio académico con Japón, China, Francia, Alemania, Rusia, Cuba, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y casi la totalidad de los países Latinoamericanos.

Son los momentos de que también en materia de investigación sigan adelante los proyectos de recuperación de las áreas protegidas, como pasó con los programas que tenía el doctor Óscar Dorado y varios talentos más en la sierra de Huautla.

Con los estudios de intercambio que se tenían con la Universidad de la Habana, Cuba, en materia académica dentro de áreas como medicina, en la búsqueda de vacunas y muchas más que disminuyan los efectos del calentamiento global.

Lo mismo con las grandes universidades privadas de los Estados Unidos de Norteamérica, quienes veían en los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales los grandes estudiosos del constitucionalismo internacional.

No se diga de la Facultad de Arquitectura con esos intercambios continuos con las universidades públicas y privadas europeas, incluso las latinoamericanas que buscan a los estudiantes morelenses para el apoyo en nuevas formas de construcción en edificios inteligentes.

O bien las universidades japonesas y chinas, que se han llevado miles de alumnos y egresados de la Facultad de Agronomía para que los apoyen en nuevas formas de cultivos, en la intención de ser autosuficientes en la generación de alimentos.

Esa es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por rescatar y ahí todo el que se diga morelense o ser integrante de su comunidad tiene la obligación de colaborar, por el desarrollo del estado y el beneficio de una juventud que parecía habíamos perdido ante el crecimiento de la violencia. 

Insistimos pues, es momento que tanto el sindicato de administrativos como de académicos y personal de confianza, se la jueguen con la UAEM, que entiendan que ésta, en tiempos de bonanza, les dio a manos llenas y jamás les regateo un pedido, ¿por qué no devolverle ahora un poco a su universidad de lo mucho que por décadas han recibido?. 

El horno no está para bollos y las fuentes de empleo escasean, piénsenlo bien antes de arrebatadamente irse a huelga, más vale pájaro en mano, que cientos volando, y no es albur. Por hoy es todo, nos leemos el viernes. Y no olviden navegar por nuestra página www.vidapolitica.com.mx, por nuestras redes sociales @vida_politica y a través de su cuenta del Facebook con sólo escribir en su buscador REVISTA VIDA POLITICA

Por: Felipe Villafaña

El primer año para la mayoría de los presidentes municipales y sus cabildos fue de enseñanza, este segundo periodo de gobierno debe ser ya de concretar objetivos y programa a favor de la sociedad que les toca gobernar.

Un punto que han olvidado dentro de los ayuntamientos, es guardar la austeridad y mantener una administración, porque la mayoría como Xochitepec, Yecapixtla, Cuautla, Temixco, Emiliano Zapata, Miacatlán y tantos más, han visto como un botín las tesorerías municipales.

No se ha dejado de ver al servicio público como una manera de enriquecerse o hacerse millonarios en tres o seis años, esa es la realidad aun en los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación, de los demás partidos ya los conocemos.

Los alcaldes deben dejar de estirar la mano al gobierno estatal y al federal, tienen que ampliar su base hacendaria y crear nuevas formas de hacerse de recursos de manera lícita.

Hace unos meses había el ejemplo sobre las sanciones que pueden realizar las Comunas con una simple adición o reforma al Bando de Policía y Buen Gobierno, como es el caso del uso de la pirotecnia o cohetes en vía pública.

Ya deben cobrar en las comunidades donde hay diversas festividades como son los carnavales, fiestas patronales, hasta en las bodas, bautizos y celebraciones de quinceañeras por el uso de la pólvora, porque además de causar efectos ambientales negativos, también causan problemas en el sistema nervioso de los menores de cinco años, sin dejar atrás los gravísimos daños que le causan a todo tipo de mascotas.

Es decir, los alcaldes y sus Cabildos tienen muchas formas de hacerse llegar recursos económicos, pero también deben saber administrarse y que el personal de apoyo no sea exagerado como hasta el momento lo tienen los propios ediles, síndicos, regidores y secretarios de despacho municipales.

Al principio de la década de los años noventa del siglo pasado, el salario de los alcaldes no rebasaba los 10 mil pesos, los Síndicos y regidores recibían apoyos económicos de entre tres a dos mil pesos mensuales.

El gasto corriente de las alcaldías era una tercera parte del total del presupuesto asignado por el Congreso local y solían tener de uno a dos ayudantes, no más y tampoco viajaban en camionetas blindadas o de lujo.

Actualmente, la mayoría de los ayuntamientos tiene contemplado entre el 60 al 70 por ciento de su presupuesto para el gasto corriente; es decir para el pago de salarios del Cabildo, secretarios de despacho, directores y coordinadores, así como personal de base.

Las deudas de los municipios son bastante considerables y en total suman cerca de los seis mil 500 millones de pesos, sobre todo entre los llamados laudos laborales y créditos adquiridos con la banca privada.

La base de contribución ciudadana no se ha actualizado desde el año de 1997, solo un 35 por ciento de los habitantes de Cuernavaca, por citar un ejemplo, pagan impuestos municipales y el predial.

A pesar de ello y haber heredado una fuerte deuda, el alcalde citadino, Antonio Villalobos Adán, supo administrar los recursos financieros y logró salir adelante en el pago de salarios, aguinaldos y otras prestaciones al personal en activo como en retiro.

Y lo mismo pasó en otro municipio como es Jiutepec, en donde la administración de José Manuel Agüero Tovar se robó hasta los apagadores de luz, pero con un severo programa de austeridad el alcalde Rafael Reyes Reyes logra sacar adelante las finanzas de la municipalidad.

Son datos que los alcaldes en sus reuniones con el Instituto de Desarrollo para el Fortalecimiento de los Municipios de Morelos deben considerar, reunirse e intercambiar ideas en momentos que están por perder más de mil millones de pesos en apoyos.

Ya no son tiempos de tirar el dinero para eventos suntuosos en los municipios y, de hecho, en ningún poder u organismo descentralizado del gobierno estatal porque los recortes presupuestales dela Federación vienen en serio.

Ese tipo de situaciones también las tienen que tomar en cuenta los municipios indígenas de reciente creación, en los que por estar dentro del ejido o comunales nadie deberá pagar los derechos por servicios municipales y el predial.

No por ser comunidades étnicas deben ser vistos de diferente manera en los apoyos económicos, el rasero debe ser parejo y también dentro de sus Concejos deben analizar cómo tener recursos propios, para dejar de solamente estirar la mano y si no se les otorga lo que piden: destruyen los bienes inmuebles del pueblo.

Es el momento de también hacer de lado esa vieja práctica de los usos y costumbres como pasa con los ejidatarios de Acapantzingo, quienes también para todas sus festividades quieren el dinero público y de negarlo suelen tomar como rehén a los gobiernos municipales.

Un nuevo año inició, la esperanza del pueblo de Morelos es que sea benéfico para todos, con más obra de infraestructura y menos gasto corriente que hoy es excesivo y por ello la pobreza abunda por todo el territorio. Y los que sientan que la  vara es muy alta, que renuncien y se llame a sus suplentes, ya estuvo bueno de tantas consideraciones. Por hoy es todo, nos leemos el miércoles. Y no olviden navegar por nuestra página www.vidapolitica.com.mx, por nuestras redes sociales @vida_politica y a través de su cuenta del Facebook con sólo escribir en su buscador REVISTA VIDA POLITICA

Por: Felipe Villafaña

Con muchas dificultades termina el año 2019 para una sociedad ávida de respuestas a sus más sentidas demandas, sobre todo en seguridad, inversión, empleo y obra pública.

Ya todos quieren que terminen los pleitos entre los que se dicen políticos, que inicie la nueva era que asumieron como compromiso durante sus campañas electorales y que hoy el pueblo quiere ver.

Son momentos en que dentro del gabinete del gobernador Cuauhtémoc Blanco sus colaboradores estrechen sus manos, se den un abrazo y hablen de frente lo que tengan que decirse y acaben con sus diferencias.

Para poder avanzar, quienes colaboran en el gobierno estatal deben saber que si al Ejecutivo le va mal a ellos también, pero peor es para la sociedad morelense que quiere ver los resultados en los compromisos asumidos.

Es tiempo que dentro del Congreso del Estado, deje de haber la violencia en el lenguaje de las y los diputados, que hagan saber al pueblo de Morelos que ya pasó eso de mujeres juntas ni difuntas.

Que ya haya una representatividad popular y los diputados no sean solamente reparte flores el día de la madre, reparte juguetes el día del niño y reparte piñatas en estos días navideños.

Se quiere ver un Poder Legislativo cohesionado, sin rateros como los que antecedieron a los actuales y que no demuestren cotidianamente su ignorancia en materia política y legislativa.

Es tiempo de que también dentro del Poder Judicial se calmen las malas vibras y la corrupción que vive ya deje de ser en contra de los intereses del pueblo, es el momento de que reflexionen.

Que se acuerden los magistrados que el buen juez por su casa empieza, que dejen de hacer lo que se les pega la gana y generen ya la administración seria de la justicia.

Son momentos que también entre los tres poderes en el gobierno se den la mano, acuerden de manera conjunta, siempre basados en el patrón que les paga que son los ciudadanos a los que ya la Cuarta Transformación exprimirá con más cobros en impuestos.

En los municipios ya también en Cuautla el alcalde Jesús Corona Damián deje de hacer negocios personales, que se reconcilie con todo su Cabildo y lleguen a acuerdos por el bien de una ciudad tres veces heroica y hoy abandonada, con mucha inseguridad y pobreza.

Es tiempo de que los alcaldes se fijen en la postura política de su homólogo en Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, quien nunca dejó de tender la mano al Ejecutivo y ahí están los resultados.

Cuernavaca tendrá proyecto de capital en crecimiento porque ahora habrá coordinación, unidad y trabajo fructífero para un pueblo que ya lo anhela, como el regresar a esa tranquilidad del siglo pasado.

Y hay alcaldes que van por más, como el de Jiutepec, con un Rafael Reyes Reyes quien en su informe de gobierno advirtió tener una relación más cercana con sus homólogos en conurbación, porque es donde en conjunto y sin colores partidistas debe de trabajarse en materia de prevención del delito.

Es decir, que los demás alcaldes para prevenir el delito tienen que unirse, dejar de lado si son amigos de los amigos, parientes de los parientes y generar un ambiente de cordialidad entre ellos, para que haya desarrollo en los pueblos que gobiernan.

Ya no son tiempos de los partidos políticos, es el tiempo de la sociedad en un pueblo en donde asesinan un hijo, un hermano, un primo, un tío, un padre de familia diariamente.

Son tiempos de sangre los que vivimos, porque al salir de nuestro hogar desconocemos si vamos a regresar bien, porque estamos sujetos a estar en medio de una balacera, ser asesinados por no darle los ocho pesos del colectivo al ladrón, o bien que se metan a nuestras viviendas y por llevarse el patrimonio venga una desgracia mayor.

Los partidos políticos también tienen que cambiar y dejar de lado las prerrogativas millonarias que reciben y sean sus militantes quienes los mantengan, porque hay un pueblo en donde crece más la pobreza.

Es increíble que dentro de un pueblo en extrema pobreza como es Morelos, haya “políticos” millonarios con intenciones de vivir del impuesto y sin dar ningún resultado en beneficio hacia quienes votaron por ellos.

Es el sueño del pueblo de Morelos que hoy está abandonado de sus autoridades, que pelean por el dinero que no es de ellos y en muchas ocasiones son incapaces de darse la mano.

Son tiempos de reflexión, de dar el corazón al interior de los hogares, en nuestras comunidades y tratar de ser mejores humanos. Hoy en Vida Política, nos tomamos un necesario descanso y dejamos descansar a nuestros queridos y apreciables lectores.

Queremos desearles que en esta Noche Buena, en la mesa de todos los morelenses haya pan, calor humano, tranquilidad y dicha, también que el próximo año sea el mejor y haya el crecimiento que todos queremos, gracias, mil gracias por su preferencia y por permitirnos entrar a sus hogares, DIOS les cuide y bendiga a tod@s. ¡Salud!. Nos leemos el año próximo. 

Por: Felipe Villafaña

La reforma fiscal aprobada por la mayoría de los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso de la Unión, traerá más desempleo e inseguridad pública, porque genera conflicto entre trabajadores e incluso estudiantes que utilizan una tarjeta bancaria para recibir el apoyo financiero de sus padres a fin de continuar sus estudios en otros estados, o bien cuando sea requerido.

Desde principios de la última década del siglo anterior y ante el crecimiento de delitos como eran el asalto con violencia, principalmente, tanto el gobierno federal como los empresarios determinaron que los pagos fueran a través de las tarjetas bancarias.

Esa situación no solo disminuyó el número de delitos cometidos en la vía o el transporte público en, cuando menos, un 40 por ciento, conforme a las cifras de la Comisión Nacional Bancaria.

También apoyó el crecimiento de la compra por parte de los ciudadanos, porque las tiendas departamentales, de conveniencia y otras abrieron sus cajas para recibir los pagos de productos de la canasta básica, artículos de segunda y tercera necesidad para que fueran pagadas con el plástico.

Lo anterior, también provocó que el robo hacia los negocios disminuyera en un 52.5 por ciento, de acuerdo al registro proporcionado por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.

El uso de las tarjetas de débito y crédito iba en ascenso, tanto que podían adquirirse diversos combustibles, para autos y vivienda, ropa, alimentos y hasta el pago del transporte, telefonía celular o casera, de servicios como la energía eléctrica y otros más con los plásticos.

Este tipo de actividad financiera tuvo un crecimiento hasta el año 2019, ahora con la reforma de los legisladores federales de MORENA en el Congreso de la Unión el uso de las tarjetas tendrá una caída del 80 por ciento.

Y no es que los mexicanos estén negados en pagar sus impuestos, sino que finalmente las contribuciones suelen perder en los actos de corrupción que hay en el sector público en donde cada vez hay más municipios pobres con alcaldes millonarios, así como en los gobiernos estatales y hasta en el federal.

Para el año 2020, la banca y las tiendas departamentales saben que dejarán de pagarse muchos productos con los plásticos, porque fiscalizar en exceso produce desconfianza y hasta genera pánico entre quienes cuentan con una tarjeta.

A partir del primero de enero se terminó el secreto bancario para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien tendrá todas las atribuciones de violar los derechos particulares de los ciudadanos y menores de edad que cuenten con un ahorro bancario y usen el plástico proporcionado para cobrarles impuestos.

La medida que fue considerada neoliberal, dictatorial y hasta contra los derechos humanos de la sociedad en toda Europa cuando intentó imponerse en países como Francia, Holanda, Bélgica y otros más.

Ni los gobiernos de la derecha de Latinoamérica están dispuestos en imponer este tipo de disposiciones fiscales, porque saben que la economía tendrá una severa caída y en México el gobierno de la Cuarta Transformación actúa más que aquellos que diariamente considera “neoliberales”.

Hasta el momento, los legisladores federales de MORENA han actuado más contra la economía popular que apoyarla, con ceguera en apoyar todos los ordenamientos del Presidente Andrés Manuel López Obrador quien también deja de ver la realidad de un país en pobreza y pareciera que su política pública fiscal es cobrar impuestos hasta por quienes tengan ventanas en las calles.

Hay preocupación por parte del sector productivo y privado, porque la fiscalización en exceso hacia la sociedad provocará la caída del empleo, pero sobre todo mayor inseguridad pública.

Pareciera que el gobierno de MORENA tenga acuerdos con la delincuencia común y organizada, porque si en 1991 el gobierno de Carlos Salinas de Gortari decidió crear un nuevo sistema de pago para evitar la inseguridad y disminuir el robo, el de Andrés Manuel López Obrador y su Congreso de la Unión lo alienta.

En materia fiscal, las políticas más que neoliberales y derechistas impuestas por el Congreso de la Unión significan un retroceso demasiado grave para el país, porque en términos sociales son vulnerados los derechos humanos y constitucionales de todos los mexicanos.

Sin duda alguna nadie querrá utilizar una tarjeta de débito o crédito para hacer compras a partir del próximo primero de enero, todos llevarán en sus bolsas dinero en efectivo y todos serán presa fácil de los ladrones en un país donde la Guardia Nacional, las policías estatales y municipales son un fracaso.

Millones de mexicanos cancelarán sus tarjetas de crédito, las que adquirieron con las tiendas departamentales y otras más, porque en caso de sobrepasar un centavo de lo que ganan en el gasto los usuarios serán perseguidos por el gobierno fiscal.

No cabe duda que hoy MORENA apoya el terrorismo fiscal, así como los grupos de la delincuencia común y organizada, eso se lo debemos a nuestros diputados federales y senadores que ellos sí tendrán una navidad y un año nuevo feliz.

Y mientas que el pueblo se joda, al fin no son de su familia. Sin embargo, habrá de regresar a las calles en el 2021 y no se digan sorprendidos de haber sido derrotados en las próximas elecciones, porque se lo ganaron a pulso. ¡Hijos de su…!. Por hoy es todo, nos leemos el lunes. Y no olviden navegar por nuestra página www.vidapolitica.com.mx, por nuestras redes sociales @vida_politica y a través de su cuenta del Facebook con sólo escribir en su buscador REVISTA VIDA POLITICA

                                                                                 

  

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