Por: Felipe Villafaña

La pus que salió del “gobierno” de Cuauhtémoc Blanco y su hermanastro Ulises Molina Bravo no quedará impune como pasó con Graco Ramírez y todo su gabinete, a menos que el titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, reciba su tajado como pasó con el ex gobernador perredista.

Sin embargo, parece que con la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, ni su actual titular Uriel Carmona Gándara, como tampoco el fiscal Anticorrupción tendrán la oportunidad de esconder las carpetas de investigación contra los dos últimos ex gobernadores.

Igual pasaría con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, en donde los “urieles” mantienen una mayoría sobre su presidente, Jorge Gamboa Olea, pero tampoco ya estarán para calificar las denuncias que sean judicializadas desde las oficinas de la procuración de la justicia.

Ahora desde el Poder Ejecutivo y Legislativo buscarán terminar con esa impunidad contra ex secretarios de despacho, coordinadores de Comunicación Social, directores de organismos descentralizados, entre otros ex servidores públicos municipales y del gobierno estatal.

Este tipo de acciones también serán un factor para terminar con la. corrupción trianual o sexenal de los ex presidentes municipales, sobre todo aquellos que dejan vacías las arcas de las tesorerías y endeudados a los ayuntamientos.

Con la desaparición del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística,  para crear el Instituto Estatal de la Transparencia se dejará de pagar a siete comisionados inútiles y terminará de ser un elefante blanco, costoso e innecesario.

En el año en curso, quedará terminada la impunidad y este lunes se sabrá quiénes incurrieron en actos de deshonestidad, sobre todo aquellos que manejaron los recursos públicos financieros para su beneficio personal.

El mensaje de la gobernadora Margarita González Saravia, no solo es para los ex funcionarios estatales también para los de los ayuntamientos porque los alcaldes entrantes sabrán que toda carpeta de investigación iniciada será judicializada con profesionalismo, no como actualmente sucede con el abogado de universidad (solo de teoría) Juan Salazar Núñez.

Así es que las más de 15 mil denuncias contra ex ediles, ex servidores públicos municipales y del gobierno estatal serán sacadas del archivo, como también ya se plantea crear un organismo que sustituya a la Entidad Superior de Auditoría. Y Fiscalización, la cual es solo refugio para dar chamba a amigos de ex diputados locales.

Son momentos de definiciones y que no sólo encarcelen a quienes robaron el dinero del pueblo, sino que lo regresen para utilizarlo en su beneficio y eso ya lo saben los bandidos Cuahutémoc Blanco y su hermanastro Ulises Bravo Molina. Por hoy, es todo.