Cada tres años es la misma historia; los presidentes municipales salientes dejan en la miseria y endeudados a los ayuntamientos, con múltiples problemas económicos, laborales y de gobernabilidad.

Los alcaldes entrantes tienen que afrontar muchas situaciones y resolver en el menor tiempo posible las herencias negativas de quienes les antecedieron en el cargo, incluso problemas caseros como son con las mismas dirigencias de los sindicatos de trabajadores que actualmente sirven para el interés particular de quienes los encabezan.

Hay casos en donde se han iniciado las carpetas de investigación ante las instancias correspondientes, pero como ahora hay instituciones de membrete que están presididas por vividores del presupuesto, no hay un solo ex presidente municipal en la cárcel.

El problema del saqueo de cada trienio y sexenio en los gobiernos estatales como en las Comunas se han convertido en algo común, que el pueblo ya  se acostumbró a los homicidios dolosos y feminicidios cotidianos.

Ejemplo de la inutilidad y ser una oficina sin sustento es la Fiscalía Especializada en el (presunto) Combate a la Corrupción (FECC), la cual solo sirve para los intereses personales y el cobro de un oneroso salario de su titular Juan Salazar Núñez.

Desde el año 2018 que fue inventada para darle una buena chamba al principal protector del ex gobernador Graco Ramírez, Juan Salazar Núñez, hasta ahora es un lastre en perjuicio del pueblo morelense.

No hay un solo ex gobernador o e xalcalde en la cárcel vinculado por delitos como abuso del poder, desvío de recursos y demás ilegalidades en las que han incurrido ciertos personajes de la vida pública local.

Ejemplo, está el ex presidente municipal de Cuernavaca Antonio Villalobos Adán, quien tiene más de 40 carpetas de investigación iniciadas ante la Fiscalía Anticorrupción y ninguna está judicializada, al contrario “El Lobo” fue vinculado a proceso judicial por una imputación hecha por la directora general del Instituto de Crédito, Fabiola del Sol Urióstegui.

El caso de José Manuel Agüero Tovar en Jiutepec, ahí está estancado en un Poder Judicial con 21 magistrados sin sesionar o trabajar, pero que cobran hasta por salir al cine.

Ahora se presentan casos como es, nuevamente, en Jiutepec con David Ortiz quien dejó endeudado, saqueado y con problemas al ayuntamiento, los que podrían derivar en manifestaciones públicas.

En estos días, el área jurídica del municipio presentará las denuncias respectivas ante la FECC y hasta, se advierte, la Fiscalía General de la República (FGR), por desvíos de recursos provenientes de diversos programas del Gobierno Federal.

Casos como el de David Ortiz, está en Tepoztlán el de David Demesa Barragán, en Tlaltiizapán, Tlaquiltenango, Cuautla y quizá en algunos de los que repiten como Yautepec de los Alonso y Yecapixtla de los Sánchez Zavala.

Y en el desvío de los recursos públicos no solamente la FECC es una institución de lucro, también está la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) que está manejada por los intereses de 14 exdiputados (algunos reelectos) para proteger sus negocios, en donde su titular, José Blas Cuevas, es un simple burócrata sin una labor en la verdadera revisión del buen uso del dinero público.

Otra institución superflua es el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), con un excedente de integrantes y sin obligar a los entes públicos transparentar el uso del presupuesto, por ello cada trienio y cada sexenio (desde hace 12 años principalmente) vienen los saqueos que dejan en la miseria a los ayuntamientos de Morelos.