A partir del primero de septiembre vienen los cambios dentro del gobierno estatal y será el Congreso local, cuando la Quincuagésima Sexta Legislatura, responda a la sociedad con varios temas pendientes por resolver y varias reformas que realizar al marco legal esatal, para dar certidumbre social y terminar con los abusos de quienes todavía ocupan la curul.

De hecho, la primera acción será buscar el cambio a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE), para disminuir los años que debe permanecer el titular y hacer de la institución un espacio más funcional y eficiente.

Sin duda alguna todo esto se dará como la destitución del propio fiscal, Uriel Carmona Gándara, quien ha sido solapado y protegido por algunos legisladores locales -principalmente los plurinominales- a pesar de la corrupción y mal manejo de la institución.

Ese será el primer trabajo de los hoy todavía diputados electos, para después realizar las reformas correspondientes a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, a fin que la futura gobernadora Margarita González Saravia, tenga un gabinete activo, además de generar las Secretaría de Auxilio y Protección Ciudadana, para buscar el retorno de la tranquilidad de todos los habitantes de Morelos.

Para que quien sea su titular pueda también hacer modificaciones al Mando Coordinado, que traiga una verdadera coordinación en materia de seguridad social con el Gobierno de la República y los 36 municipios de la entidad.

Es decir, los próximos representantes populares tendrán la obligación de ética política y responder a quienes les otorgaron la confianza realizar diversos cambios legales, sobre todo en las demandas más sensibles como es la seguridad, educación y salud.

El trabajo de los diputados electos tendrá que darse desde que tomen protesta, porque hay más de tres mil trabajadores de base quienes esperan ser jubilados o pensionados después de ligar 30 o más años de servicio.

Esa situación deberá plantearse con el Instituto de Jubilaciones y Pensiones, con base a evitar el colapso financiero del gobierno estatal y los municipales porque en ambos órdenes de gobierno hay más trabajadores en retiro que operativos.

Otra reforma es la Ley Orgánica del Propio Poder Legislativo estatal, para terminar con los abusos y venganzas políticas, entre grupos y fracciones parlamentarias, así como el mal uso del presupuesto.

Desechar la reforma a la Ley General del Servicio Civil para el Estado de Morelos, en la que los diputados -principalmente los actuales- pretende una jubilación dorada después de concluir su paso por el cargo de representación popular.

Deben ir más allá y también terminar con los abusos de los consejeros del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), donde éstos funcionarios pretenden cobrar cantidades millonariastras terminar su periodo laboral.

Un trabajo más para sacar de manera urgente es actualizar el marco normativo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), cuyas atribuciones de multar a quienes incurren en la opacidad en el informe de los recursos públicos sean sancionados también con la privación de su libertad.

El siquiera pestañear un poco por parte de los futuros diputados locales será prohibido, al saber que el primero de octubre deberán darse todos los cambios legales antes referidos para que la gobernadora electa al asumir el cargo pueda trabajar sin leyes obsoletas o abusivas, sino cumplir el compromiso generado con la sociedad durante los días de campaña.

Se ven bien los cambios, solamente que al parecer algunos diputados que se reeligieron no les gusta la idea, sobre todo aquellos que abusaron del poder para beneficio mismo.