Por: René Vega Giles

La llegada de Adriana Pineda Fernandez, como magistrada presidente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (Tupja) tuvo un pago de siete millones de pesos que salieron de la Fiscalía General del Estado (FGE) cuando era el titular Uriel Carmona Gándara, que los testigos del hecho dicen llegaron al entonces diputado del Movimiento Ciudadano, Julio César Solís Serrano.

Dicen al interior del Congreso local que 14 exdiputados y los reelectos recibieron su “comisión” por el voto a favor, incluso en la negociación iba el dotar de elementos de la Agencia de Investigación Criminal a familiares de los exlegisladores beneficiados económicamente.

Las negociaciones de Uriel Carmona Gándara con los anteriores diputados mezclan a la familia Ramírez Cepeda, por algunos asuntos jurídicos iniciados en su contra dentro de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), en donde su titular Juan Salazar Núñez también está coludido y más en temas de desvíos financieros en el sexenio del núcleo antes mencionado.

Sin embargo, la pregunta es: ¿Porqué pagar siete millones de pesos a exdiputados y reelectos por la imposición de Adriana Pineda?

Quizá la dirigente del partido Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega de la Cruz, desconozca del actuar de su entonces también dirigente Julio César Solís Serrano a quien le llamo “mi hermano” fue de sacar, primero, asuntos familiares en proceso de judicialización (el de su esposa) y luego cambiar su estilo de vida económico.

Quienes fueron encargados de evaluar a los contendientes en su momento, a ser magistrados del Tupja destacaron que Adriana Pineda Fernández reprobó el examen, pero la orden fue tajante: que apruebe.

Y así pasó prueba la hoy magistrada presidente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes un examen que a pesar hecho para su medida fue reprobado, pero tuvo una calificación de excelencia por ordenes del hermano de la dirigente del Movimiento Ciudadano en Morelos.

Desde que arribó como magistrada presidente del Tupja, hay cerca de 50 personas sin trabajar en la institución, obviamente familiares de algunos exdiputados locales que siguen en la nómina, que provocan el desequilibrio financiero al interior de la institución.

A ello, hay que aunar algunas plazas de jueces para familiares de justiciables dentro de José Luis Olmos, quien a cambio de todo el apoyo a su esposa para obtener la plaza ahí está sin conocimiento de causa.

Hay más, quienes a cambio de privilegios, canonjías y amenazas por parte de Adriana Pineda agachan la cabeza de una mujer que violenta la equidad de género, además de incurrir en asuntos fuera del marco legal.

Y si se habla fuera del marco legal es su desconocimiento del tema y desde antes de tomar posesión como Fiscal en Combate a la Extorsión y al Secuestro incumplió hasta con los exámenes de control y confianza, pero con el padrinazgo de Uriel Carmona Gándara y Graco Ramírez eso era lo de menos.

De hecho, jamás hizo los exámenes de control y confianza porque obtuvo una constancia falsa otorgada por el entonces comisionado Estatal de Seguridad, Jesús Alberto Capella Ibarra.

Y así con la reunión de varios documentos oficiales, datos, videos y otros testimoniales hay complicidad entre exdiputados locales y reelectos en las relaciones extraoficiales que mantiene la magistrada presidente del Tupja, Adriana Pineda, que daremos a conocer y son causales del juicio de procedencia política y mas, como la destitución de sus cómplices de la pasada legislatura local.

El problema es que actualmente muchos de los que están al interior del Poder Legislativo local y se dicen morenistas aplauden a la magistrada presidenta del Tupja, además de traicionar a la gobernadora Margarita González Saravia en los hechos, todos con nombres y apellidos, en su momento serán revelados.