Por: Felipe Villafaña

Las instituciones creadas para vigilar el buen actuar de los servidores públicos como los sistemas contra la corrupción siguen sin dar resultados y cuyas evidencias no pueden borrar, porque hasta ahora no hay un solo pez gordo en la cárcel, bueno ni un charal.

De constancia queda el Comité de Participación Ciudadana en contra de la corrupción que nadie sabe quiénes lo integran, qué hace, dónde funciona y demás formas de operar.

La misma Contraloría es infuncional, siempre dicen que hay miles de servidores públicos bajo investigación, cuando la verdad es que no hay uno solo bajo la lupa.  

Basta decir que hay evidentes pruebas contra ex gobernadores (Cuauhtémoc Blanco Bravo y Graco Ramírez) quienes junto con sus colaboradores hicieron del presupuesto público como si fuera propio.

En los municipios hay casos más densos de ex presidentes municipales e incluso síndicos, regidores y hasta secretarios de despacho o directores con señalamientos sociales graves, con las pruebas que un ministerio público del fuero común (si es que los hay) con profesionalismo ya hubiera atascado el penal del Atlacholoaya.

De qué nos sirve un comité ciudadano contra la corrupción que nunca ha funcionado y que el 99.9 por ciento de los morelenses desconoce de su existencia, como de un zar anticorrupción que incurrió en actos de tráfico de influencias quien adquirió un predio en el lago de Tequesquitengo a un precio de risa.

La realidad es que hoy las instituciones públicas encargadas de vigilar o sancionar el mal actuar de los servidores públicos es donde más se está activa la corrupción, como es el caso de la contralora Alejandra Pani quien está señalada de incurrir en actos contra la administración pública y su caso está bajo revisión en la. Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso local.

No es la única, qué ha pasado con el ex titular de la FECC, Juan Salazar Núñez, quien está relacionado con casos de extorsión (hay hasta videos) al igual de quien fue se segundo de abordo Edgar Núñez Urquiza.

Y si vamos a fondo el Sistema Estatal Anticorrupción es un gasto innecesario para la sociedad morelense, por lo que debe desaparecer y no reformar su forma de operar porque es igual que el presunto comité ciudadano.

En el estado de Morelos hay muchos entes y asociaciones dedicados al combate a la corrupción, pero siendo sinceros,  ninguno funciona y la capacidad de sus titulares o integrantes pareciera que es funcionar para abusar del dinero del pueblo.

Ahí está el caso del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) el que desde sus inicios fue una vacilada, hoy está presidido por un busca chambas oficiales como es Hertino Avilés Albavera, quien se niega a dejar el cargo y la desaparición del ente, el que está obligado a exigir la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Al contrario, Hertino Avilés es señalado del malgasto, al igual que varios de sus compañeros comisionados, de un dinero que no es de ellos y si es público, pero aún pretenden tener algo más y pretenden separarse del cargo con una indemnización de tres a cinco millones de pesos, pero ese tema será tratado en la próxima publicación.