Guerrero: La paz que el Gobierno no construye.

Por: Alfredo Soberanes 

En 30 de los 85 municipios de Guerrero, el Estado ha perdido el control, la ley la imponen dos grupos armados que son “Los Ardillos” y “Los Tlacos”, los cuales se disputan el dominio de territorios, rutas comerciales y el cobro de “derecho de piso”, dejando a su paso violencia crónica, familias desplazadas y una economía paralizada, especialmente en Chilapa y sus alrededores.

La única iniciativa de diálogo y tregua vino de la Iglesia católica en 2024, pero se rompió un año después tras el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón; otro mediador tuvo que huir ante amenazas de muerte. Ya van tres años de crisis grave en la entidad, gobernada por Evelyn Salgado Pineda, de Morena, mientras las autoridades estatales y federales, permanecen al margen, ausentes en la construcción de paz.

Michoacán: Lucha sin respaldo, justicia incompleta

En Uruapan, la historia se repite con tintes de corrupción e impunidad. Carlos Manzo Rodríguez, alcalde asesinado, libró una batalla frontal contra redes de poder y delincuencia, pero lo hizo prácticamente solo: el gobierno federal nunca le brindó el respaldo ni la protección que debía, una omisión que para muchos, es parte del contexto que derivó en su muerte.

Manzo presentó 83 denuncias (penales y administrativas) ante instancias estatales y federales. La más relevante apunta a un presunto desfalco millonario en las arcas municipales, atribuido a exfuncionarios de la administración 2021-2024, encabezados por el entonces edil morenista Ignacio Campo. También alertó públicamente sobre sitios de reclutamiento de grupos criminales en la región, sin que hubiera respuesta oficial.

Sinaloa: Rubén Rocha Moya, el presunto delincuente protegido

Víctimas, colegios de abogados y colectivos ciudadanos de Sinaloa han alzado la voz ante la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Se trata de una de las tres acciones (penal, electoral y administrativa) emprendidas para exigir justicia y rendición de cuentas, de las cuales, ninguna ha prosperado. La razón oficial, según las autoridades, es siempre la misma: “no hay elementos suficientes”, una respuesta que, para quienes aportaron pruebas y testimonios, es solo una burda excusa para encubrir hechos graves y mantener la impunidad.

En la vía penal, la situación fue reveladora. La titular de la FGR, Ernestina Godoy, se negó a recibir a los denunciantes del Frente Cívico Sinaloense, quienes lograron presentar su escrito en febrero solo “a regañadientes y de mala gana”. El resultado es que, a pesar de contar con un cúmulo de evidencias, la carpeta quedó guardada en un cajón, sin avance ni seguimiento alguno.

Las pruebas son contundentes. Una de las voces más fuertes es la de la diputada local del PRI, Paola Gárate, una de las más de 200 personas secuestradas antes de la elección de 2021. Para ella, aquel proceso no fue una elección democrática, sino una “narco elección” que derivó en un “narcogobierno”. Esas agresiones, lejos de ser hechos aislados, forman parte de un entramado de poder que según las denuncias, encabeza el propio Rocha Moya.

El gobernador con licencia, es uno de los hombres que la justicia de Estados Unidos busca detener. Lo que está en juego ya no es solo la suerte de Rocha, sino la credibilidad de todo un sistema que, hasta ahora, ha funcionado como escudo para quien es señalado públicamente como presunto delincuente.

Morelos: ¿Operación de justicia o maniobra política?

La Operación Enjambre, la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, para desmantelar la colusión entre poder político y crimen organizado, ha dado sus primeros pasos en Morelos. Casualmente, ante la tormenta llamada Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, requerido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En ese contexto, el titular del Gabinete de Seguridad, Omar García Harfuch, resaltó en días pasados, que se concretó la detención de seis personas: dos alcaldes (uno en funciones y otro ya saliente), y casi toda la estructura administrativa del ayuntamiento de Cuautla, además de incluir a 22 personas y 10 empresas en la lista de activos bloqueados por la Unidad de Inteligencia Financiera. El alcalde de esa localidad, Jesús Corona Damián, sigue prófugo, mientras las investigaciones apuntan directamente a vínculos con Júpiter Araujo, “El Barbas”, operador del Cártel del Pacífico en la región.

La pregunta inevitable que surge ante estos hechos es una sola: ¿Por qué Morelos, y no otras entidades donde se presume que la intromisión del crimen organizado es igual o mayor?

La respuesta se construye, no solo de cómo ha avanzado la estrategia de seguridad desde que arrancó a finales de 2024, sino de las probables afectaciones al constructo denominado 4T, que presuntamente no tolera la corrupción, ni los vínculos delincuenciales de sus activos.

En Morelos, los detenidos pertenecen principalmente a fuerzas de oposición (PRI y PAN), donde el presidenciable Harfuch, presume que el detonante fue claro, con denuncias ciudadanas constantes y protestas públicas por extorsiones, cobro de cuotas y control territorial (tal y como sucede en otras entidades), además de los videos donde aparece “El Barbas” reunido con los propios alcaldes implicados.

En Morelos, la investigación reveló que no se trataba de funcionarios aislados, sino de estructuras completas (desde el alcalde hasta el tesorero, pasando por aspirantes políticos y actores económicos) trabajando en red con una organización criminal consolidada.

Lo cierto es que… lo ocurrido en Morelos confirma que la Operación Enjambre podría obedecer a una agenda política o mediática, diseñada quizás para desviar la atención de asuntos más relevantes (como el caso de Rubén Rocha Moya). Si bien, existen denuncias que motivaron estas acciones, en otras entidades del país hay reclamos similares, e incluso muchos más severos, que permanecen sin respuesta. La intervención de la Federación para recuperar las instituciones secuestradas por el crimen organizado debe ser una prioridad absoluta, sin importar qué partido gobierne en cada estado. No hay lugar para el silencio ni para la indiferencia, actitudes que como queda demostrado en los casos aquí expuestos, han marcado el actuar de las autoridades cuando la justicia incomoda o no conviene.

¡Gracias por su confianza!

articuloseptimo09@gail.com