Por: Alfredo Soberanes

Fue un espectáculo patético, vergonzoso y revelador. El viernes 21 de agosto, Rubén Rocha Moya creyó que podía volver como si nada hubiera pasado. Tras 110 días fuera del cargo, apareció para anunciar su regreso al gobierno de Sinaloa, convencido de que su amistad con el exmandatario Andrés Manuel López Obrador (​AMLO), lo hacía intocable, y de que bastaba un discurso para borrar las acusaciones federales, y la sombra del crimen organizado que pende sobre su administración. Lo que no esperaba es que la realidad y (la Presidenta de la República), le pusiera en su lugar en cuestión de horas.

Rocha Moya rompió el pacto tácito que existía con Claudia Sheinbaum, sobre actuar con prudencia mientras las investigaciones avanzaban. Respaldado por el ala dura de la 4T, creyó que podía desafiarla. Su anuncio de retomar el cargo no respondió al interés de Sinaloa ni de México. Respondió a intereses personales y a la voluntad de quien lo impulsó. El expresidente, presa de la angustia por lo que Estados Unidos pueda hacer contra él y contra su hijo Andrés López Beltrán (a quien le cancelaron la visa y que llegó al extremo de escribir una carta al presidente Trump quejándose de ello), necesitaba demostrar que todavía controla los territorios. Y Rocha Moya se prestó a ser su ficha.

Rubén Rocha Moya llegó al Palacio de Gobierno en 2021 como hombre de izquierda, académico, defensor de la educación pública y portador de las banderas de la Cuarta Transformación. Hoy, Sinaloa arde, las instituciones se han desmoronado y su nombre aparece en una acusación federal de Estados Unidos que lo señala como un eslabón más de la estructura de poder del crimen organizado.

El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una acusación formal contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. Los cargos son graves, por asociación delictuosa para importar narcóticos, conspiración para posesión de armas de fuego y uso de dispositivos explosivos. En el documento se resalta que Rocha Moya fue elegido gobernador con el apoyo de la organización criminal de «Los Chapitos», quienes habrían financiado su campaña, intimidado opositores y robado papeletas de votación a cambio de protección y control de instituciones clave. A cambio, según la acusación, el gobernador habría entregado a ese grupo criminal la administración de distritos de riego y módulos de agua potable (recursos públicos por valor de cientos de millones de pesos anuales) como pago por los servicios prestados.

Tras casi cuatro meses de ausencia, regresó al Palacio de Gobierno el pasado viernes, proclamando su inocencia y asegurando que la Fiscalía General de la República, determinó que no había elementos en su contra. Horas después, la Secretaría de Gobernación tuvo que desmentirlo públicamente, señalando que las carpetas de investigación siguen abiertas. Ante el rechazo generalizado (de la oposición, de empresarios, de organizaciones civiles y hasta de sus propios aliados en Morena), Rocha pidió una segunda licencia indefinida apenas un día después de su regreso.

En esa tesitura, el PAN pidió juicio político y la desaparición de poderes; el PRI exigió su detención y la sociedad civil convocó a protestas. El pueblo de Sinaloa merece respuestas, no licencias temporales ni discursos que culpan a «la reacción conservadora» o a gobiernos extranjeros.

Rocha Moya dice que las acusaciones son una agresión extranjera contra la soberanía nacional y un ataque a la Cuarta Transformación. Pero ni la soberanía, ni un proyecto político pueden usarse como escudo para proteger a quien se le señala de haber puesto un gobierno estatal al servicio de traficantes de drogas. Si es inocente, debe demostrarlo renunciando definitivamente y enfrentando todos los procesos. Si no lo hace, su permanencia (aún con licencia) mancha a todo su movimiento político, y lo que es más grave, deja a Sinaloa secuestrada.

Lo cierto es que… la nueva licencia indefinida que Rubén Rocha Moya se vio obligado a pedir, no cierra nada, no borra las acusaciones, no limpia su nombre y, sobre todo, no oculta lo que acaba de quedar al descubierto, que es una guerra de poder abierta dentro del movimiento de la 4T, que prometió unidad y transformación. El intento del gobernador por regresar al Palacio de Gobierno no fue un acto de autonomía ni de dignidad, fue una sacudida política calculada y orquestada desde fuera, para desafiar a la Presidenta Claudia Sheinbaum, y ponerla contra la pared. El intento se quedó en fracaso. No hay tiempo para licencias.

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