Por: Alfredo Soberanes 

El caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, se ha convertido en la prueba de fuego más compleja para el gobierno de Claudia Sheinbaum, pasando por tres frentes esenciales: la relación con Estados Unidos, la definición de su propia administración frente al legado de la Cuarta Transformación y la credibilidad de la lucha contra la impunidad y los vínculos entre poder y crimen organizado. Lo que empezó como una investigación externa ha escalado hasta convertirse en el escenario donde se juega la autonomía política de la presidenta y la solidez institucional del país.

La postura oficial ha sido repetitiva, en sus conferencias mañaneras, Sheinbaum exige pruebas, pruebas, pruebas, pruebas… irrefutables a Washington, al tiempo de advertir, que no aceptará intromisiones en asuntos internos y sostiene que cualquier acción dependerá de lo que determine la Fiscalía General de la República, bajo las leyes mexicanas. Al mismo tiempo, ha enviado un mensaje interno poco creíble, señalando que, “nadie se puede esconder bajo el paraguas del movimiento”, afirmando que la 4T no tolera actos ilícitos ni complicidades. Es un discurso de doble filo, defiende la soberanía nacional; por el otro, abre la puerta a que sus propias estructuras revisen los hechos, algo que pone en riesgo lealtades históricas.

El trasfondo político es inevitable. Rocha Moya fue uno de los aliados más cercanos y protegidos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante su gestión respaldó su figura incluso ante señalamientos anteriores. Para muchos analistas, esta crisis es el momento decisivo en que Sheinbaum debe demostrar si tiene capacidad de decisión propia o si seguirá sujeta a las redes de influencia del sexenio anterior. Porque aunque la presidenta lo niega, todo mundo sabe que fue a Palenque para hablar con AMLO sobre el tema Rocha Moya; dice que no recibió línea. 

Empero, la presidenta Sheinbaum tiene una gran oportunidad de actuar con independencia, separando su gobierno de los errores o complicidades del pasado, y así consolidar su liderazgo a más de una año de gobierno; si no, quedará marcada como continuidad sin capacidad de corrección.

La dimensión internacional agrava el problema, porque Estados Unidos ha estrechado el cerco, deteniendo y poniendo a disposición judicial a exfuncionarios clave de seguridad y finanzas de Sinaloa, acusados de formar redes de colaboración con organizaciones criminales. Washington no solo señala a Rocha Moya, sino que envía un mensaje más amplio sobre sus investigaciones, las cuales llegan hasta las más altas esferas del poder en México, y que no esperarán coordinación para actuar. Esto pone a Sheinbaum en una posición delicada, sobre ceder ante la presión externa, lo cual sería visto como renuncia a la soberanía, o ignorar las acusaciones, como complicidad o debilidad frente al crimen y a la comunidad internacional.

Hasta ahora, la respuesta oficial combina defensa jurídica y prudencia, pero deja muchas preguntas abiertas. ¿Qué pasará si la Fiscalía mexicana no encuentra lo que Washington asegura tener? ¿Cómo explicar a la ciudadanía que se proteja a un exgobernador mientras se mantiene la promesa de acabar con la impunidad? ¿Es posible mantener la unidad del movimiento si se actúa con firmeza contra figuras históricas?

Lo cierto es que… no solo está en juego el destino político de Rocha Moya, sino el perfil mismo del gobierno de Sheinbaum. La actual crisis ha revelado que la herencia política no es solo un activo, sino también una carga, para gobernar con autonomía. La presidenta tendrá que definir claramente qué parte del pasado mantiene y cuál corrige. Si logra resolver este caso con transparencia, respeto a la ley y sin someterse a presiones externas, habrá marcado su propia ruta, de lo contrario, el caso Rocha Moya quedará como el momento en que la Cuarta Transformación demostró que sigue atada a sus propias redes y debilidades. Al final, la prueba no es solo ante Estados Unidos, sino ante la sociedad mexicana.

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