Por: Alfredo Soberanes

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), conocida como la máxima casa de estudios, se ha convertido en un escenario de duelo repetido. En menos de un año, la violencia ha cobrado la vida de al menos seis miembros de su comunidad: Kimberly Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez, Michelle Itzayana Fuentes Calderón, Claudia Tacoronte Aguilera, y recientemente los jóvenes Christian Shamed y Gael, estudiantes de la Preparatoria Número 2, asesinados el 26 de septiembre en Cuernavaca. A cada tragedia, la respuesta institucional ha sido la misma (en unos casos con réplica tardía), redactando un comunicado de repudio, con la exigencia de justicia a las autoridades y un pésame público.

Al frente de la institución, la rectora Viridiana Aydeé León Hernández, ha convertido la condena en su única herramienta de gestión, y desde que asumió el cargo, lo único consistente, ha sido su discurso, expresando dolor, y exigiendo el esclarecimiento de los hechos, al tiempo de reafirmar el compromiso de la universidad con la seguridad. Empero, colectivos estudiantiles, familiares de las víctimas y gran parte de la comunidad universitaria señalan que las palabras no se han traducido en acciones concretas, preventivas ni transformadoras.

En marzo de 2026, el cuerpo de Kimberly Ramos fue localizado en las inmediaciones del campus Chamilpa. Días después, Karol Toledo apareció sin vida. Las estudiantes iniciaron entonces un plantón que hoy supera los 200 días, exigiendo protocolos reales contra la violencia de género, seguridad en trayectos y acompañamiento a víctimas. La respuesta de la rectoría fue anunciar medidas que la comunidad calificó de insuficientes, colocando cámaras de vigilancia y firmando acuerdos que nunca se consolidaron en un modelo integral de protección. La ineficacia e ineficiencia de la rectora, es grave. Sus omisiones y falta de empatía con el alumnado, la descubre como insensible, omisa y sin lo necesario para ocupar el cargo que ostenta. 

En mayo, Michelle Itzayana Fuentes, de apenas 15 años, desapareció al salir de su casa para una tarea escolar; su cuerpo fue encontrado días después. En este septiembre, Claudia Tacoronte, joven española de intercambio, fue asesinada en Cuautla. Su muerte conmocionó incluso a nivel internacional y reveló que la UAEM carecía de mecanismos básicos de protección para estudiantes extranjeras. Asimismo, Christian y Gael fueron abatidos a tiros el pasado fin de semana. Ante la violencia vehemente, la universidad no ha presentado un plan estructural que evite que el nombre de la siguiente víctima se sume a la lista. En cambio, la rectora se limita a condenar y condenar.

“La rectora no ha dado la cara ni atendido a las víctimas cada vez que ocurre un feminicidio”, denunciaron en su momento, los integrantes del colectivo “Comandanta Ramona”. Las estudiantes no piden solo condolencias, exigen rutas seguras, protocolos de actuación inmediata, atención psicológica permanente, mecanismos de denuncia protegidos y cero tolerancia al acoso dentro de las instalaciones. En cambio, solo reciben comunicados que se limitan a trasladar la responsabilidad a la Fiscalía y al Gobierno del Estado.

Es cierto que la seguridad pública compete primordialmente a los poderes estatales y municipales. Pero la universidad también tiene responsabilidad, por ello debe prevenir y brindar acompañamiento a los familiares de las víctimas.

Lo cierto es que… la indignación no surge de la nada, surge de ver que mientras las familias entierran a sus hijos, la rectoría emite textos que se repiten casi idénticos, sin reconocer errores, sin rendir cuentas, sin anunciar cambios profundos, sin que se presente ya, la renuncia de Viridiana Aydeé, al cargo que le ha quedado muy grande. Condenar es fácil, liderar la protección de una comunidad aterrorizada requiere decisiones valientes, inversión real y escucha genuina. El silencio administrativo también tiene nombre, y se llama omisión; la omisión ante la muerte es, moralmente, irresponsabilidad. La UAEM no necesita más palabras de luto.