Por: Alfredo Soberanes

Durante seis años, entre 2018 y 2024, Morelos vivió bajo el simulador de gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, un periodo para el olvido con la peor administración de la entidad en su historia. Primero gobernó el padre putativo de Cuauhtémoc, José Manuel Sanz, quien en su momento, estuvo implicado en el caso “Primavera” y fue investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal, sin mayores consecuencias. Luego, fue en año 2022, tras el despido de Sanz, cuando un nombre se empezó a repetir constantemente en los pasillos del poder, el medio hermano de Cuauhtémoc, y nuevo operador político de la administración cuauhtemista, Ulises Bravo Molina.

El hermano incómodo, se convirtió en el hombre que movía piezas políticas, definía alianzas y, según múltiples indicios, actuaba bajo la protección que le otorgaba el vínculo familiar con el gobernador. Después más impuesto que elegido, Ulises se convirtió en el dirigente y líder “moral”, de Morena en Morelos, donde quiso imponer su voluntad, sin mayor éxito.

Hoy, el caso judicial que lo enfrenta por presunta violencia familiar revela mucho más que una denuncia privada; se expone la estructura de privilegios, abuso de poder y manipulación institucional que se consolidó durante esa administración. La peor administración de la historia en Morelos.

El punto de partida del proceso no es nuevo, pero su evolución es elocuente. Hace dos años, una autoridad judicial local emitió una resolución que evitó iniciar formalmente el procedimiento penal en su contra, a pesar de la denuncia presentada por su ex pareja sentimental, Liu León Luna. Durante una audiencia que duró 16 horas en mayo de 2024, se decidió no vincularlo a proceso; una decisión que en su momento levantó sospechas sobre si se trataba de una concesión otorgada por la influencia que el entorno de Blanco mantenía sobre las instituciones locales. Recientemente, un juez federal, ordenó revocar ese criterio y dictar el auto de vinculación a proceso, determinando que sí existen elementos suficientes para que el caso avance. La resolución federal no lo declara culpable, pero sí desmiente la narrativa de que no había méritos para investigarlo a fondo.

Ante este revés, la estrategia de Ulises Bravo no ha sido defender los hechos imputados, sino desviar la atención, en conferencias de prensa públicas y declaraciones, levantando la bandera de la “persecución política”, y acusando a la actual gobernadora Margarita González Saravia, a su jefe de oficina, Javier García Chávez, y a magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de orquestar un ataque por diferencias partidarias. Incluso ha señalado que la denuncia fue guiada por el ex fiscal Uriel Carmona y su esposa, la magistrada María Luisa Sánchez Osorio, como consecuencia de conflictos políticos pasados. Empero, estas afirmaciones no se han respaldado con pruebas concluyentes. Al contrario, su discurso se limita a plantear versiones paralelas, mientras deja sin una respuesta central. ¿Por qué la primera instancia local detuvo el proceso, cuando él contaba con todo el respaldo del Poder Ejecutivo Estatal e inclusive federal?

Por su parte, la gobernadora Margarita González Saravia, ha respondido, negando cualquier injerencia y señalando que Ulises “carece de autoridad moral” para cuestionar su gestión, mientras que su equipo insiste en que se respeta la autonomía judicial y que el caso corresponde a una denuncia particular, no a una acción de gobierno.

Aquí es importante resaltar, que más allá de disputas políticas, existe un patrón claro y recurrente, con los hermanos Bravo, porque cuando la justicia avanza contra ellos, la respuesta inmediata es señalar conspiraciones externas, en lugar de someterse al escrutinio de las leyes. También cabe señalar, que los dos tienen procesos pendientes con la ley, aunque uno, actualmente cuenta con fuero y el respaldo morenista.

También es importante señalar que el proceso sigue en curso. La resolución federal ordena continuar con la investigación y el desahogo de pruebas, pero aún no hay sentencia definitiva. Empero, lo que este caso pone sobre la mesa es una realidad estructural. Durante el mandato simulado de Cuauhtémoc Blanco, Ulises Bravo ocupó posiciones clave que le permitieron moverse con una libertad difícil de explicar para cualquier ciudadano común. Mientras una persona sin vínculos políticos enfrenta demoras, obstáculos y barreras para que se investigue un delito como la violencia familiar (que por sí misma es difícil de probar y a menudo enfrenta la desconfianza institucional), él contó primero con una resolución que le favorecía, y ahora, cuando ésta se revoca, recurre a argumentos que buscan deslegitimar el sistema.

Lo cierto es que… la violencia familiar no es un asunto secundario ni una excusa para conflictos políticos, sino un delito que atenta contra la integridad de las personas y que debe tratarse con seriedad y sin distinciones. Ulises Bravo Molina ha dicho que “luchaba por un mejor partido” y que sus diferencias políticas son la causa de su situación actual. Pero la pregunta que queda en el aire es otra. ¿Cuántas veces, durante el tiempo en que su hermano fue gobernador, su posición privilegiada sirvió para proteger actos que a cualquier otro le habrían generado consecuencias inmediatas? Mientras él sigue reclamando venganzas políticas, la presunta víctima sigue esperando que la justicia actúe sin presiones, sin privilegios y sin importar cuál sea el apellido de quien está sentado en el banquillo.

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ALFY